Ministerio de Cultura declara Patrimonio Cultural al Acta de Instalación de la Corte de Justicia del Norte que se custodia en Trujillo

El Ministerio de Cultura declaró como Patrimonio Cultural de la Nación al Acta de Instalación de la Corte de Justicia del Norte, de fecha de 30 de abril de 1824, que se custodia en Trujillo por parte de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

 

El documento presenta una serie de valores histórico, político, social, biográfico, simbólico y, además, uno relacionado a una historia de mentalidades, que comprende a la identificación de su autenticidad, antigüedad y contenido. 

 

Asimismo, representa un hecho importante de nuestra historia, revelando los primeros frutos de la lucha por una nación independiente, libre del yugo de España, fruto que surgía como un fin del dominio de la corona, así como el establecimiento de Trujillo como capital de la República frente a la crisis presentada por el conflicto.

 

Además, significa el establecimiento de la primera corte de justicia del reciente Perú Republicano para los departamentos y regiones libres del yugo español que, aunque cubiertos por la normativa colonial, verifica identidad a favor del pensamiento republicano, en un nuevo orden político y social. 

 

Tiene un valor histórico porque es un testimonio escrito de mucha importancia para la historia nacional. La creación de la Corte de Justicia del Norte en 1824 significa la aplicación de la justicia bajo la conservación de un Estado en búsqueda del bien común, aun cuando la coyuntura de la guerra sometía a todo el país bajo un clima inestable.

 

El valor político de esta acta, se trata del hecho que su emisión no fue la respuesta a un decreto de emergencia dictado por el libertador don Simón Bolívar, sino, producto del establecimiento de una república con exhibición de un ejercicio constitucional, como parte de la lucha contra el dominio español dentro del inestable clima de conflicto de la época. 

 

El valor social es que se da dentro de un contexto de necesidad en la sistematización de la forma de administrar e impartir justicia, donde ya la población de la época se sentía identificada con el pensamiento republicano.

 

El documento revela un significativo valor biográfico, debido a contener información de los personajes ilustres y autoridades que participaron en su suscripción. Así, podemos apreciar la firma de don José Faustino Sánchez Carrión, quien interviniera en calidad de Ministro General de Estado; la firma de don Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada, en calidad de Presidente del Tribunal; don Gregorio Luna Villanueva y don Francisco Xavier Mariátegui como Vocales; y el fiscal, el doctor don Gerónimo Agüero. 

 

El documento posee un valor simbólico digno de reconocerse y mencionarse pues, representa el ejercicio de la vida independiente en el nuevo Perú Republicano, al ser expresión de la formación de la institucionalidad en los territorios libres del yugo español, convocando a todos los ciudadanos y pobladores de estos territorios en la aplicación de la justicia. 

 

El valor de la historia de mentalidades, del “Acta de Instalación de la Corte de Justicia del Norte de fecha de 30 de abril de 1824”, ha sido un producto de una nueva concepción del significado de la condición humana de los habitantes frente al establecimiento del Perú Republicano. Esto es comprobable en la contraposición ejercida como gente libre, que tiene el derecho o elección de serlo del yugo español. 

 

En su momento, la ciudad de Trujillo dotó al libertador don Simón Bolívar de los recursos necesarios para la instalación y conformación de su ejército a fin de que dirija la guerra contra los realistas. Así, al ser declarada por decreto la ciudad de Trujillo como la capital del Perú, surgen instituciones principales y representativas de esta nueva concepción, como la Corte de Justicia y la propia Universidad Nacional de Trujillo, fundada por decreto del 10 de mayo de 1824.

 

Esta declaratoria se efectúa a través de la Resolución Viceministerial N° 000091-2024-VMPCIC/MC, que lleva la firma de la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Victoria Rosas.